Se decreta la expulsión de los moriscos por haberse rebelado contra la monarquía, delito gravísimo considerado como de “lesae divinae et humanae majestati”, así como la consiguiente confiscación de todos sus bienes. Este decreto alcanza a todos y cada uno de los moriscos, se haya alzado o no contra el rey, por lo cual ha de abandonar sin excusa alguna el país. Otra cosa es, sin embargo, el que se le puedan confiscar sus bienes por el delito mencionado. Sin embargo -y es curiosa esta argucia legal- como nadie puede permanecer en España, obviamente no ha de poder atender convenientemente a su hacienda. Por ello se le pueden expropiar sus posesiones previa indemnización por parte del Estado.